España endurece la fiscalidad del alquiler turístico como respuesta a la crisis habitacional
08/08/2025 - ⏱️ 2 min
El Gobierno español ha presentado una propuesta legal para gravar con un tipo del 21 % de IVA los alquileres turísticos con una duración inferior a 30 días, duplicando la tasa actual aplicada a los hoteles (10 %) y eliminando la exención vigente en gran parte del territorio peninsular. Esta iniciativa forma parte de una ley más amplia que busca dar prioridad al uso residencial de la vivienda frente al aprovechamiento turístico, con el objetivo explícito de “garantizar el derecho a una vivienda en alquiler para las familias”, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
La reforma fiscal espera afectar a aproximadamente un tercio de los 94 millones de turistas que visitaron España el año anterior, muchos de los cuales eligen alojarse en viviendas privadas en lugar de hoteles. El Banco de España ha advertido que el país afronta un déficit estructural de 450 000 hogares, una situación intensificada por la elevada ocupación turística y la alta proporción de viviendas en manos de no residentes, especialmente en territorios como las Islas Canarias y Baleares.
La medida ignora la exigencia de servicios complementarios tipo hotel (como limpieza o recepción) para aplicar IVA reducido. Bajo la nueva propuesta, cualquier alquiler corto en municipios de más de 10 000 habitantes estará sujeto al tipo general del 21 %, lo que supone un cambio drástico respecto al sistema anterior.
Represión judicial de alquileres turísticos irregulares
Paralelamente, el Ministerio de Derechos del Consumidor ha fortalecido su ofensiva contra los alquileres vacacionales irregulares. A finales de julio, anunció que Airbnb había retirado 65 000 anuncios no conformes, y detectado casi otras 55 000 listings adicionales que también incumplían la normativa vigente. El Tribunal Superior de Justicia respaldó esta decisión y ordenó la eliminación inmediata de cerca de 5 800 anuncios que carecían de datos esenciales como el número de licencia turística o el estatus legal del arrendador.
Este auge regulatorio no solo está alimentando la tensión con plataformas digitales, sino también con el sector residencial, ya que muchas de las propiedades retiradas servían al mercado del alquiler a largo plazo.
Tensiones territoriales y respuesta social
El endurecimiento de la normativa ha generado rechazo entre asociaciones de propietarios turísticos, que califican el nuevo IVA como discriminatorio. Sin embargo, a nivel local, comunidades como Andalucía, Madrid, Islas Baleares y Cataluña han trasladado que esta medida se suma a esfuerzos para limitar nuevas licencias e instaurar marcos más restrictivos para los alquileres de corta duración.
El impacto en el mercado residencial es inmediato: al reducirse la rentabilidad del alquiler turístico, se espera que más propietarios opten por contratos de arrendamiento de largo plazo, mitigando la escasez para el segmento local. Aun así, la construcción pública de vivienda y estrategias combinadas de regulación e incremento de oferta siguen siendo urgentes para abordar un déficit que se mantiene como desafío estructural.
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Disclaimer: Este artículo es meramente informativo y nunca debe interpretarse como asesoramiento de inversión.
